LA CORRUPCIÓN BAJO LA LUPA

 

LA CORRUPCIÓN BAJO LA LUPA

 

La corrupción es uno de los problemas más persistentes y dañinos que enfrentan las sociedades modernas. No conoce fronteras ni ideologías, y mina desde dentro las instituciones públicas, socava la competitividad económica, erosiona la confianza ciudadana y perpetúa la desigualdad. Frente a este fenómeno, expertos, gobiernos y organizaciones coinciden en que solo un enfoque integral puede combatirlo de manera efectiva. La corrupción no se combate con discursos, sino con voluntad política, acción sostenida y compromiso colectivo. Estas claves no constituyen recetas mágicas, pero sí una hoja de ruta realista y eficaz hacia un Estado más transparente, justo y eficiente. La responsabilidad es compartida. El momento de actuar es ahora. A continuación, se presentan algunas claves para abordar la corrupción en todos sus niveles:

 

1. Fortalecimiento del marco legal

Una legislación clara, moderna y sin fisuras es el primer paso. Las leyes anticorrupción deben ser sólidas y aplicables en todos los sectores y niveles del Estado. No basta con contar con normas; estas deben actualizarse para hacer frente a nuevas formas de corrupción y permitir respuestas ágiles y contundentes por parte de las autoridades.

 · Limitación de los mandatos de los cargos públicos electos, limitar los mandatos de los cargos públicos electos en todos los ámbitos de la Administración Central, Autonómica y Local.

• Reducción del número de aforados, alineándose con los estándares europeos, y limitación del aforamiento exclusivamente a las actuaciones vinculadas al ejercicio del cargo público.
• Prohibición legal de los indultos por delitos de corrupción, eliminando la expectativa de condonación en el futuro. Así como la eliminación de beneficios penitenciarios hasta la devolución de todo lo defraudado.
• Reducción del clientelismo político, disminuyendo significativamente la cantidad de cargos de libre designación y garantizando procesos basados en mérito, publicidad y capacidad.

 2. Transparencia y acceso a la información

La opacidad es aliada de la corrupción. Por ello, garantizar el acceso ciudadano a la información pública y fomentar la participación en la toma de decisiones es esencial. Herramientas como los presupuestos abiertos, las contrataciones públicas transparentes y la publicación de declaraciones juradas de bienes y patrimonio son fundamentales.

 

• Incorporación del delito de enriquecimiento ilícito en la legislación penal, como delito específico, del art. 436 del Código Penal, quedando redactado así:  “… las penas impuestas de prisión de diez a catorce años e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de duración de la pena de prisión impuesta. …”
• Creación de un régimen específico de infracciones y sanciones en el marco de la Ley de Transparencia.
• Aprobación urgente del Reglamento de la Ley de Transparencia, aún pendiente años después de su promulgación.

 3. Protección al denunciante

Sin protección, no hay denuncias. Es imprescindible garantizar canales seguros, confidenciales y eficaces para reportar actos de corrupción, así como proteger legalmente a quienes lo hacen.

•  Aprobación de una Ley integral de protección a denunciantes, que ofrezca garantías efectivas para que los ciudadanos puedan informar sobre casos de fraude y corrupción sin temor a represalias.

 4. Investigación y aplicación de la ley

Los órganos encargados de investigar y sancionar deben contar con independencia, recursos suficientes y competencias claras. La ley debe aplicarse de manera equitativa, castigando ejemplarmente a los corruptos, sin importar su rango o poder.

 

• Regulación legal de los lobbies, fomentando la transparencia, la rendición de cuentas y la creación obligatoria de registros de grupos de interés en instituciones públicas y parlamentarias.

 5. Recuperación de activos e inhabilitación

Luchar contra la corrupción implica también revertir sus efectos:

 

• Recuperar los activos obtenidos ilícitamente.  Recuperar los activos obtenidos ilícitamente. Embargo preventivo de los bienes en su propiedad hasta la recuperación de los beneficios obtenidos de forma fraudulenta tanto si estos se encuentran en territorio nacional como extranjero, con acumulación de delitos ante la negativa a responder sobre la ocultación de esos bienes por artificios contables u otras artimañas alegales. Completándose con estos bienes parte no reintegrada al erario público del monto defraudado.
• Impedir la contratación por empresas corruptoras, durante periodos regulados por la Ley de Transparencia, creando un Registro General de acceso público. Modificación del Artículo 436 del Código Penal, quedando redactado así: “… al particular que se haya concertado con la autoridad o funcionario público se le impondrá la misma pena de prisión que a éstos, así como la de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un tiempo de seis a diez años. …”

 

6. Control interno y mecanismos de detección

Los sistemas de control interno deben ser sólidos y eficaces. Auditorías independientes, supervisión continua y canales internos de denuncia contribuyen a prevenir y desarticular redes corruptas antes de que actúen.

 

Ningún actor puede enfrentar la corrupción por sí solo. Se requiere una acción coordinada entre gobiernos, empresas, organizaciones sociales, medios y ciudadanos. Además, la cooperación internacional es esencial para combatir la corrupción transnacional, el lavado de capitales y la evasión fiscal. La tecnología es una aliada poderosa en esta lucha. Herramientas digitales permiten detectar patrones de fraude, mejorar la trazabilidad del gasto público y facilitar la participación ciudadana. Desde plataformas de datos abiertos hasta sistemas de contratación electrónica, la digitalización mejora la transparencia. Una ciudadanía informada y activa es el mayor contrapeso frente a los abusos de poder. El rol de la sociedad civil, los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales es crucial para exigir rendición de cuentas y promover reformas estructurales.

 

ACM, 2.025